Conoce todo sobre la formación de los contratos administrativos

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, mención Cumlaude, funcionario del Poder Judicial Venezolano con experiencia en Derecho Procesal Civil y coordinador academico en Handbook.

En otros artículos como en el de la ejecución de los contratos administrativos, explicamos que el interés principal de la distinción entre los contratos administrativos y los contratos de derecho común consiste en que la ejecución de los primeros, se aplican determinadas reglas de Derecho Público, emanadas de las prerrogativas de la administración, como representante del interés general.

 

Ahora bien, para llegar a la ejecución, es indispensable que el contrato se haya formado y celebrado conforme a las reglas del ordenamiento jurídico vigente del país que se trate. Es por ello que hemos querido realizar el presente artículo sobre la formación de los contratos administrativos, para conocer determinadas reglas que deben ser conocidas al momento de su creación. Esperamos les sea de su agrado.

Formación de los contratos administrativos

Nociones Generales

Siguiendo la doctrina del ilustre autor Eloy Lares Martínez en su libro Manual de Derecho Administrativo-Edición XIV, en la existencia de todo contrato, existen dos etapas básicas: el período de su formación y el de su ejecución. Todos los contratos de la Administración Pública, en términos generales se encuentran sujetos en cuanto a su formación a las mismas reglas.

 

Sin embargo, como vimos en su oportunidad en el artículo de la ejecución supra mencionado (cuya fase no será objeto de estudio en el presente artículo), para la materialización del contrato, existen determinadas reglas, ventajas y beneficios que tiene el Estado en los contratos destinados a la satisfacción de necesidades públicas, teniendo inclusive determinadas prerrogativas.

 

Partiendo de esa premisa, al igual que los contratos que celebran los particulares, este contrato debe ser el resultado de un acuerdo de voluntades entre la Administración y la persona de derecho privado (contratista). Cabe entender que la capacidad de ésta última para contratar se rige por normas comunes del derecho privado, ya sea una persona natural o una persona jurídica.

 

Asimismo, si la persona privada que participa en la negociación, es una sociedad mercantil, su capacidad estará regida por el Código de Comercio o las leyes mercantiles respectivas y así sucesivamente, dependiendo del caso. Por otra parte, la competencia de la autoridad administrativa para contratar, las formalidades que deben seguirse y la manifestación de voluntad de los órganos de la administración, estará sometido a normas de derecho público. 

 

Incapacidades y competencia

No obstante a lo explicado supra, existen determinadas prohibiciones en algunas personas naturales que laboran en la Administración, de realizar contratos con ella. En efecto, existe por regla general del derecho administrativo, la prohibición expresa de los servidores públicos de contratar con la Administración. Un ejemplo de ello es el Artículo 145 de la Constitución Venezolana. Dicha prohibición se fundamenta, en que los servidores públicos deben estar al servicio del Estado y en beneficio del interés público y por ende no pueden realizar conductas o actividades que pongan en tela de juicio la función estatal.

 

Asimismo y en relación a la competencia, el ordenamiento jurídico (la Constitución política y las leyes de un país), establecen los órganos competentes para contratar a nombre de las diferentes personas públicas estatales. A título de ejemplos, la competencia para contratar a nombre de la República corresponde a los Ministros, como órganos directos del Presidente de la República o el caso del Procurador General de la República que interviene en los asuntos judiciales y extrajudiciales para representar los intereses patrimoniales de la República, podrá a su vez celebrar contratos cuando así lo decida el ejecutivo nacional. En todos estos casos es la propia ley quien debe permitir dicha facultad y atribución.

 

Formalidades necesarias

1.- Formalidades previas

Las formalidades previas del acto de otorgamiento de un contrato de la administración pueden consistir: en una autorización presupuestaria, una autorización para contratar o en un voto consultivo:

 

Autorización presupuestaria

En los contratos que originan deudas monetarias a cargo del patrimonio estatal, se requiere la existencia de una partida presupuestaria o de un crédito adicional para cubrir el gasto. Sin embargo, si la autoridad administrativa realiza un contrato administrativo, sin base en una partida o excediendo el monto de un crédito adicional: el contrato sigue siendo válido.

 

No obstante, en este último caso, por ser una irregularidad ocurrida, no influye en la validez jurídica del contrato celebrado, sino en la responsabilidad de la autoridad administrativa contratante. El contratista quedará facultado de ejercer por ante los juzgados de lo contencioso administrativo, las acciones legales por incumplimiento de la administración en caso de que la misma se le haga imposible pagar las deudas contraídas.

Autorización para contratar

Para la conclusión de algunos contratos, es necesario que el órgano competente para su otorgamiento haya sido autorizado por otro órgano estatal. Dicha autorización obligatoria, es exigida por la ley, para la validez y eficacia de ese tipo de contratos. La autorización constituye entonces un presupuesto de legitimidad. En consecuencia, celebrado el contrato sin esa autorización, el mismo no podría producir efectos jurídicos, por no tener el presupuesto necesario para su formación.

 

Voto consultivo

Para la formación de los contratos administrativos, en algunos casos, es necesario la opinión previa de otro órgano para su celebración. Cuando la ley impone el cumplimiento de este trámite, el requerimiento y consideración del dictamen emitido por ese otro órgano, es un elemento necesario del procedimiento de su formación, por lo que queda entendido que su omisión constituye un vicio de falta de legitimidad.

 

Asimismo la ley determinará si ese dictamen es vinculante para el contrato. De manera que, si el mismo es vinculante por disposición legal, la opinión desfavorable del órgano consultivo impide la formación de los contratos administrativos. Un ejemplo lo tenemos en algunos países que para el caso de la venta de bienes de la República (muebles e inmuebles que no sean necesarios para el servicio público), realizadas por el Ejecutivo Nacional, para su eficacia necesitan la opinión previa de la Contraloría General de la República.

 

Caso contrario y si la ley no establece nada al respecto, la autoridad administrativa solo estaría obligada en realizar la consulta, sin la obligación de acatar el dictamen emitido.

 

 

2.- Formalidades posteriores: La Aprobación

Algunos contratos administrativos, no pueden ponerse en ejecución sino después de aprobados por un órgano del Estado distinto de la autoridad contratante. La aprobación, lo mismo que la autorización, lleva consigo una apreciación discrecional acerca de la conveniencia y ventaja del contrato. Pero la autorización es anterior al otorgamiento del contrato, en tanto que la aprobación es posterior a él.

 

Conforme a la doctrina y de forma uniforme, mientras la aprobación no es impartida, el contrato no adquiere carácter definitivo, en el sentido de que no hay obligación de las partes de ejecutar lo convenido. El órgano competente para aprobar el contrato es libre de dar o negar su aprobación conforme a las leyes vigentes del país a que se trate y el ordenamiento jurídico, siempre tomando en consideración el beneficio que traería su celebración en pro de la colectividad.

 

En virtud de ello, negada la aprobación, no podrá el particular formular la reclamación, en razón de una pretendida ruptura de los compromisos contraídos, por cuanto el contrato nunca llego a concretarse. Por otro lado, si es otorgada la aprobación, el contrato adquiere carácter definitivo y comienzan sus consecuencias jurídicas para ambas partes.

Conclusión 

De todo lo expuesto, podemos concluir que la formación de los contratos administrativos, es la primera fase o período que debe realizarse entre la Administración Pública y el particular (contratista), para poder materializar la relación jurídica contraída en ese acuerdo en la etapa de ejecución (segunda fase), una vez se cumplan determinadas reglas contenidas en el ordenamiento jurídico de ese país y conforme en muchas ocasiones al  derecho público, por la naturaleza contractual de lo celebrado. Esperamos que te haya gustado el presente artículo y nos vemos en una próxima oportunidad.

 

¿Te gusto el presente artículo sobre la formación de los contratos administrativos? Si es así coméntalo y dinos lo que piensas.

 

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