¿Cómo se ejecuta un contrato administrativo? Descúbrelo aquí

Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, mención Cumlaude, funcionario del Poder Judicial Venezolano con experiencia en Derecho Procesal Civil y coordinador academico en Handbook.

En otros artículos como en el de Derecho Administrativo, explicamos que esta rama del derecho se encarga de regular la organización, los medios y las formas de la actividad de la Administración Pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre aquélla y los demás sujetos de derecho existentes en una nación determinada. De allí que y en esas relaciones, surgen los “contratos administrativos” que a pesar de regirse por muchas reglas del derecho común, tienen sus diferencias en determinadas etapas o fases originados por el mismo: como es el caso de su ejecución, la cual será objeto de estudio en el presente artículo. Esperamos les sea de su agrado.

Ejecución del contrato administrativo

Noción General

Siguiendo la doctrina del ilustre autor Eloy Lares Martínez en su libro “Manual de Derecho Administrativo-Edición XIV” , nos señala que el interés principal de la distinción entre los contratos administrativos y los contratos de derecho común consiste en que la ejecución de los primeros, se aplican determinadas reglas de derecho público, emanadas de las prerrogativas de la administración, como representante del interés general, sin perjuicio de la aplicación supletoria de normas de derecho privado.

 

En efecto, la aplicación de esas reglas especiales, se debe a que los contratos de este tipo, tienen por objeto facilitar el funcionamiento de un servicio público o la realización de actividades encaminadas a dar satisfacción al interés colectivo de la sociedad en la cual son creados. En consecuencia de ello, se entiende que el contratista en cierto modo, ha aceptado ser un colaborador del servicio; es decir un coagente que subordina su actividad al interés general y a la ejecución de las obras destinadas a tal servicio.

 

Cabe agregar que la Administración posee en todo lo relativo a la ejecución de los contratos administrativos, prerrogativas exorbitantes que la autorizan para ejercer un severo control sobre esa ejecución, incluida la posibilidad de modificar los contratos en el curso de su ejecución (con los límites que determine la ley) y aún de ponerles fin por decisión unilateral.

 

Obligaciones del Contratista

El contratista está en el deber de dar exacto cumplimiento a las obligaciones contraídas en el contrato y de acatar de forma estricta, en el curso de la ejecución, las órdenes impartidas por la autoridad competente. Queda liberado de sus obligaciones por efecto de caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo este tipo de contratos, por su naturaleza jurídica, son intuitu personae (revisar el artículo de contratos de obra para entender este carácter) esto es en consideración de la persona del contratista; por lo que le está prohibido ceder el contrato, sin el consentimiento de la autoridad contratante así como subcontratar, sin perjuicio de las acciones legales que pudiera ejercer la autoridad por la realización de esas actividades sin su consentimiento.

 

Derechos de Control y de Dirección

La administración ejerce un derecho de control para verificar en el curso de la ejecución, que el contratista cumpla las obligaciones que el contrato le impone. En ese orden, vigila las actividades del contratista para asegurar el cumplimiento exacto de las cláusulas contractuales del contrato administrativo celebrado. Asimismo, tiene la potestad de dar órdenes para que el contrato pueda ser ejecutado en la forma más idónea al interés de la comunidad.

 

Posibilidad de Sancionar

Ya hemos observado en múltiples artículos de nuestra categoría de derecho civil, que según las reglas del derecho común, en el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios a que hubiera lugar (artículo 1.167 del código civil venezolano). Asimismo la legislación ha permitido la estipulación de pagos en caso de daños y perjuicios si los hubiere (cláusula penal) o la posibilidad de negarse a cumplir las obligaciones del contrato hasta tanto el otro cumpla (excepción non adimpleti contractus).

 

Sin embargo, en el caso de los contratos administrativos, tales acciones, resultan insuficientes; ya que en el caso de este tipo de contratos, lo relevante es que el contratista ejecute sus obligaciones, para que no se interrumpa la marcha de los servicios públicos y la actividad de la administración. Es por ello que se permita a la Administración realizar determinadas sanciones en caso de que exista incumplimiento por parte del contratista, tales como: la sustitución del contratista por terceros o por la propia administración, pudiendo ésta hacer uso de los equipos y las instalaciones del mencionado contratista. Este tipo de sanciones puede ser impuesta por la propia administración.

 

Características del Contrato durante la ejecución

Entre las principales características del contrato administrativo durante su ejecución tenemos: el derecho de modificación unilateral de la administración y la posibilidad de poner fin al contrato administrativo.

 

Modificación Unilateral

En el curso de la ejecución del contrato administrativo, la autoridad contratante tiene la potestad de modificar la extensión de las prestaciones que debe efectuar el contratista. Puede exigir el aumento o la disminución de las prestaciones realizadas.

 

Esta facultad de modificación unilateral, tiene su fundamento en las exigencias del interés general de la comunidad, que son variables durante dicha ejecución y por ende la Administración, como representante del interés general, está obligada a dar respuesta a esas nuevas exigencias durante la ejecución de ese tipo de contratos. Igualmente y aunque no se haya previsto en el contrato, la Administración siempre tiene esa facultad de modificación unilateral.  Sin embargo debemos resaltar que dicha facultad no puede ser una excusa o pretexto para hacerle un daño al contratista, ni mucho menos atentar contra sus derechos patrimoniales, los cuales la doctrina ha considerado como intangibles.

 

Es por ello que la principal limitación al ejercicio de esta facultad, radica en los términos en los cuales se haya celebrado el contrato y la posibilidad real y económica del contratista para la realización de la modificación unilateral creada por la Administración; por lo cual se entiende, que si el cambio o modificación es excesiva para lo que previamente se había estipulado o el objeto de los servicios cambia drásticamente, el contratista no estaría obligado a aceptarla. De allí que el contratista podrá oponerse a la modificación propuesta y solicitar judicialmente la resolución del contrato.

 

Finalización del Contrato

La autoridad administrativa contratante tiene la potestad de poner fin anticipadamente a los contratos administrativos, ya sea por causa de incumplimiento del contratista de las obligaciones contraídas o aunque no exista dicho incumplimiento, la administración estima que el contrato ha llegado a ser inútil para el servicio público y para el interés general.

 

Sin embargo este poder, no debe ser ejercido de forma caprichosa y arbitraria por parte de la Administración Pública. En efecto, el fundamento para su utilización no debe ser otro que la continuación del contrato no corresponde a los requerimientos del interés general de la comunidad o el incumplimiento ocasionado por el contratista, causa graves perjuicios a la colectividad. Fuera de estos casos y ante ausencia de motivos,  la terminación anticipada, resulta injustificada y abusiva; ya que solo el interés general puede originar la decisión unilateral sin falta alguna del contratista, de resolver anticipadamente el contrato administrativo celebrado.

 

Ejercido por la administración este poder extraordinario, el contratista tiene el derecho de reclamar de aquella, la indemnización por daños y perjuicios que le hubiera ocasionado la terminación anticipada del contrato, siempre que dicha decisión no sea por su propia falta.

Conclusión

De todo lo anterior podemos concluir que que el interés principal de la distinción entre el contrato administrativo y los demás contratos, consiste en que su ejecución, se aplican determinadas reglas de derecho público, emanadas de las prerrogativas de la Administración, como representante del interés general y que entre ellas tenemos la modificación unilateral del contrato y la terminación anticipada, con las limitaciones y en los términos explicados en el presente artículo.  Esperamos que te haya gustado el presente artículo y nos vemos en una próxima oportunidad.

 

¿Te gusto el presente artículo sobre la ejecución del contrato administrativo? Si es así coméntalo y dinos lo que piensas.

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